Abajo encontrarán un resumen de lo ocurrido en la vista ómnibus llevada a cabo el 25 de julio de 2018 ante la Jueza Laura Taylor Swain y la Jueza Magistrado Judith Gail Dein que fue celebrada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

  • El Gobernador y la Asamblea Legislativa en contra de la Junta de Supervisión. El Tribunal escuchó extensos argumentos orales con respecto a las mociones presentadas por la Junta de Supervisión para desestimar los procedimientos adversativos iniciados por el Gobernador y la Asamblea Legislativa impugnando los Planes Fiscales y los presupuestos certificados por la Junta de Supervisión. El Comité intervino en el procedimiento adversativo del Gobernador a los efectos de hacer una breve declaración en la vista, mediante la cual se negó a tomar una posición en el litigio, pero planteó inquietudes con respecto al impacto de cualquier plan fiscal certificado sobre la disputa ELA-COFINA. Subsiguientemente, mediante decisiones separadas emitidas el 7 de agosto de 2018, el tribunal (a) concedió en parte y denegó en parte la moción de la Junta de Supervisión para desestimar el procedimiento adversativo del Gobernador y (b) desestimó el procedimiento adversativo de la Asamblea Legislativa en su totalidad.
  • La Moción del Comité sobre Regla 2019. Como parte de su deber de actuar a advocar por la transparencia de los casos bajo Título III, el Comité presentó una moción solicitando que el Tribunal clarificara sus procedimientos sobre manejo de casos para exigir que los grupos ad hoc tenedores de bonos revelen sus posiciones anteriores y actuales en cuanto a los bonos de todos los Deudores en cuyos casos (incluyendo los procedimientos adversativos) estos grupos han participado. El grupo ad hoc de tenedores de bonos GO se opuso a la aplicación retroactiva de lo solicitado en la moción (el cual requería que las declaraciones de divulgación (“disclosure statements”) anteriores bajo la Regla 2019 se enmendaran). El tribunal escuchó los argumentos y concedió la moción, incluyendo la aplicación retroactiva de las declaraciones de divulgación según solicitado por el Comité.
  • La moción renovada del Comité sobre la Regla 2004 de quiebras sobre el programa de descubrimiento de prácticas de emisión de deudas y la moción del plan de salida de Kobre & Kim. Como se menciona en el resumen anterior, luego de la vista del 18 de junio de 2018 respecto a la nueva moción del Comité sobre la Regla 2004, la Jueza Dein ordenó que el investigador de la Junta de Supervisión, Kobre & Kim, presentara una propuesta de “plan de salida” con respecto a la publicación de su informe final para poder decidir sobre cuestiones relacionadas a la producción de documentos y confidencialidad, y también ordenó que ciertos asuntos en la moción del Comité fuesen aplazados a la vista del 25 de julio de 2018. En la vista del 25 de julio, el tribunal escuchó argumentos con respecto a la moción del Comité, así como la moción del “plan de salida” presentada por Kobre & Kim, a la cual el Comité y el Comité de Retirados objetaron. Aunque el BGF acordó a producir las minutas de su junta al Comité, el tribunal denegó algunas de las solicitudes de documentos hechas por el Comité (por ejemplo, solicitudes de pólizas de directores y oficiales y producciones hechas por ciertas instituciones financieras de Puerto Rico a reguladores como la SEC). Estas solicitudes fueron denegadas sin perjuicio y el tribunal señaló que mantendría abierta la moción del Comité para que se puedan realizar solicitudes después de la revisión del informe final del investigador. El tribunal también concedió la moción del investigador sobre el “plan de salida”, sujeta a ciertas modificaciones diseñadas para afrontar preocupaciones planteadas por el Comité y el Comité de Retirados.
  • Moción para levantar la paralización automática de los tenedores de bonos ERS: Ciertos tenedores de bonos ERS presentaron una moción solicitando el levante de la suspensión automática en los casos del Título III del ELA y ERS o, en la alternativa, para la adecuada protección de sus gravámenes sobre la propiedad de ERS (en la que el ELA reclama un interés). La Junta de Supervisión y el Comité de Retirados presentaron objeciones a dicha moción (a las cuales el Comité y AFSCME se unieron a dichas objeciones). Tratando la vista como una vista preliminar, el tribunal se negó a otorgar el remedio solicitado y ordenó a que la paralización automática permanezca vigente hasta la última vista de la moción calendarizada para el 13 de septiembre de 2018.

Como secuela de la vista del 6 de junio de 2018 celebrada en San Juan (tratada en el resumen anterior), se celebró una vista el 18 de junio de 2018 ante la Jueza Magistrado Judith Gail Dein en Boston. Durante dicha vista la Jueza Dein escuchó los argumentos del Comité sobre su moción renovada sobre descubrimiento bajo la Regla 2004 de quiebras con respecto a las prácticas de emisión de deuda. De conformidad con la moción renovada sobre la Regla 2004, el Comité intentó comenzar su descubrimiento de la Regla 2004 antes de (1) la fecha de publicación del informe final de Kobre & Kim, investigador de la Junta de Supervisión, o (2) el 15 de agosto de 2018. Después de la vista, la Jueza Dein emitió una orden requiriendo, entre otras cosas, que el Comité, el Comité de Retirados y el BGF suscribieran acuerdos de confidencialidad y que Kobre & Kim presentara una propuesta de “plan de salida” con respecto a la publicación de su informe final para poder abordar cuestiones de producción de documentos y confidencialidad – específicamente sobre partes distintas de las tres instituciones financieras de Puerto Rico nombradas en la moción del Comité sobre la Regla 2004. El “plan de salida” a ser presentado por Kobre & Kim debía ser discutido no más tarde de la vista ómnibus del 25 de julio y todos los asuntos restantes en la nueva moción también se aplazaron para dicha vista.

Abajo encontrarán un resumen de lo ocurrido en la vista ómnibus el 6 de junio de 2018 ante la Jueza, Laura Taylor Swain, y la Jueza Magistrado, Judith Gail Dein, que fue celebrada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

  • Moción renovada del Comité al amparo de la Regla 2004 de Quiebras para realizar descubrimiento de prueba sobre las prácticas relacionadas a la emisión de deuda. Como parte de sus deberes fiduciarios para maximizar los recaudos para los acreedores no asegurados, el Comité renovó su solicitud de autorización al amparo de la Regla de Quiebras 2004, para realizar descubrimiento de prueba sobre ciertas instituciones financieras y entidades en cuanto al rol de entidades financieras públicas y privadas en la estructuración, suscripción, re-empaquetado y venta de la deuda que hoy afecta a Puerto Rico. (La solicitud inicial del Comité fue denegada sin perjuicio en una vista en noviembre de 2017, resumida abajo). Bajo la moción renovada bajo la Regla 2004, el Comité busca comenzar su descubrimiento de prueba para (1) la fecha en que se emita el reporte final del investigador de la Junta de Supervisión, Kobre & Kim, o (2) el 15 de agosto de 2018, lo que ocurra primero. La jueza Dein tomó bajo consideración la moción del Comité, indicando que el Comité tendría acceso a los documentos que le han sido producidos al investigador así como los registros, enumerando los documentos privilegiados que también le serían dados al Comité. Ella también le requirió a la Junta de Supervisión y a AFFAF someter un reporte de estatus y continuó la vista al 18 de junio de 2018.
  • Moción del Comité de Retirados para el nombramiento de un Comité Oficial para representar a los retirados de la AEE. El Comité Oficial de Retirados del ELA (el “Comité de Retirados”) presentó una moción solicitado que se nombrara un Comité Oficial para representar a los retirados de la AEE. El Comité (junto a AFFAF y la Junta de Supervisión) no se opuso al remedio solicitado siempre y cuando el Comité de Retirados fuera designado como el Comité de Retirados de la AEE, pero se opuso a que se nombrara a un comité de retirados de la AEE dado a los costos que se le impondrían a la AEE de nombrarse un Comité separado. El Sistema de Retiro de la AEE se opuso, alegando que ya representa a los retirados de la AEE y el nombramiento de un Comité Oficial podría crear confusión en cuanto a qué entidad es la apropiada para representar a los retirados de la AEE. En la vista, la Jueza Swain reconoció que existen serios asuntos relacionados a los retirados en los procedimientos del Título III de la AEE, pero decidió que, en esta etapa de los procesos, un Comité Oficial de retirados de la AEE no es necesario. La jueza indicó que el Tribunal y el Síndico de los EE.UU. observarían el progreso de los procedimientos del Título III de la AEE para ver si los asuntos que surgieran requerían la representación oficial de los retirados de la AEE. El Comité aclaró en la vista que, dada la existencia de un grupo reclamando que representa a los retirados de la AEE, no podía apoyar una moción que pudiese conducir a la designación de un Comité separado.
  • Acuerdo de transacción en principio sobre la Disputa ELA-COFINA. El Tribunal recibió una actualización sobre el acuerdo en principio al que han llegado el Comité, como Agente del ELA, y Bettina Whyte, como Agente de COFINA, sobre la transacción de la Disputa ELA-COFINA (es decir, si ciertos impuestos sobre ventas y uso (“IVU”), supuestamente dados en garantía por COFINA para asegurar deuda, son propiedad del ELA o de COFINA bajo la ley aplicable). Entre otras cosas, el abogado del Comité discutió la necesidad de que el Tribunal no emitiese ninguna determinación sobre las mociones de sentencia sumaria presentadas en el caso adversativo entre el ELA y COFINA por un periodo de 60 días, para que las partes pudiesen trabajar en los asuntos relacionados al posible acuerdo, y el abogado de la Junta de Supervisión expresó su apoyo a la solicitud y dijo que esperaba que la Junta de Supervisión preparara un plan de ajustes para COFINA dentro de los 60 días. (El Tribunal ordenó la suspensión por 60 días solicitada en relación a la moción conjunta presentada por los agentes del ELA y COFINA el 11 de junio de 2018).

En la vista del 9 de mayo de 2018, la Jueza Laura Taylor Swain escuchó extensos argumentos orales sobre la determinación de si ciertas interrogantes que surgen de la disputa entre ELA-COFINA (es decir, si (a) la ley de COFINA transfirió efectivamente los ingresos del IVU a COFINA, y (b) la transferencia de propiedad relacionada a los ingresos del IVU y/o la promulgación de tal legislación violó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) deben ser certificadas al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El Agente de COFINA, el Grupo de Fondos Mutuos, el Grupo de Fondos de Puerto Rico, Ambac, National Public Finance Guarantee (“NPFG”, por sus siglas en inglés) y la coalición de bonistas senior de COFINA, argumentaron en apoyo a la certificación. Entre otras cosas, estas partes arguyeron que (i) las interrogantes que se proponen certificar involucran cuestiones noveles y críticas de la legislación de Puerto Rico, (ii) se debe otorgar deferencia a los tribunales de Puerto Rico, y (iii) el tribunal Federal no debe derogar un estatuto de Puerto Rico al interpretar un asunto constitucional de Puerto Rico. Además, la coalición de bonistas senior de COFINA argumentó que el Congreso de los Estados Unidos no tenía la intención de ocupar el campo de los derechos de propiedad de Puerto Rico, los cuales se obtuvieron mediante la promulgación de la legislación de COFINA y que la certificación no demoraría indebidamente los casos bajo Título III porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptaría la certificación y consideraría las interrogantes rápidamente.

La Junta de Supervisión, el grupo ad hoc los tenedores de bonos GO y el Comité, como Agente del ELA, argumentaron en contra de la certificación. Específicamente, el Comité, como Agente del ELA, arguyó, entre otras cosas, que los asuntos en cuestión involucraban leyes federales, que el Congreso de los Estados Unidos tenía la intención de que la Corte de Título III tratara las interrogantes centrales del caso y que la certificación presentaba el riesgo de que la Corte de Título III pierda el control del caso. La Junta de Supervisión argumentó, entre otras cosas, que la disputa involucra leyes federales y que PROMESA ocupa el campo de la ley de Puerto Rico. Por su parte, el grupo ad hoc de los tenedores de bonos GO arguyeron, entre otras cosas, que la intención de PROMESA era que la Jueza Swain decidiera los asuntos críticos y que la certificación podría ocasionar retrasos prolongados.

Al concluir la vista, el Tribunal se reservó la decisión sobre las solicitudes de certificación y no indicó cuándo se emitiría una resolución.

En la vista del 10 de abril de 2018, la Jueza Laura Taylor Swain escuchó extensos argumentos orales con relación a las mociones de sentencia sumaria presentadas en relación a la disputa ELA-COFINA (es decir, si ciertos impuestos sobre ventas y uso (“IVU”), supuestamente dados en garantía por COFINA para asegurar deuda, son propiedad del ELA o de COFINA bajo la ley aplicable).

El Agente de COFINA, la coalición de bonistas de COFINA, Ambac y el Grupo de Fondos Mutuos presentaron argumentos iniciales mediante los cuales expusieron su apoyo en cuanto a que el IVU es propiedad de COFINA. Específicamente, el Agente de COFINA, entre otras cosas, refutó el argumento del Agente del ELA en cuanto a que no se puede transferir ingresos futuros al afirmar que éstos, en forma de subvenciones, propiedades, regalías y rentas, se otorgan comúnmente. Además, el Agente de COFINA arguyó que la “transferencia efectiva” de la fuente de ingresos tuvo lugar cuando la Ley 56 entró en vigor en el 2007. Por su parte, la coalición de bonistas de COFINA argumentó, entre otras cosas, que la ley de Puerto Rico, en lugar de la federal, aplica a la controversia de propiedad, afirmando que, según la Ley de Quiebras Federal y PROMESA, la fuente de los derechos de propiedad proviene de las constituciones estatales, en ausencia de una ley o un interés federal expreso o controlador. Ambac arguyó que el lenguaje de la ley habilitadora de COFINA, el cual hace referencia a un sustituto del IVU y a colateral, no se refiere a que COFINA carece de interés propietario en los ingresos prometidos, sino que aborda un posible déficit en los ingresos de COFINA, así como en potenciales acciones legislativas futuras. El Grupo de Fondos Mutuos argumentó, entre otras cosas, que el Tribunal no puede quitarle a COFINA su interés en el IVU retroactivamente y que las “disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente para menoscabar los derechos de propiedad bajo la ley de Puerto Rico”.

El Comité, como Agente del ELA, el grupo de tenedores de bonos GO ad hoc y el comité de retirados presentaron argumentos en apoyo a que el IVU es propiedad del ELA. El Comité, como Agente del ELA, argumentó, entre otras cosas, que el ELA no puede transferir la propiedad de un activo que aún no existe. De la misma manera, el Agente del ELA disputó si COFINA tenía un interés propietario en el IVU, señalando que tal posición no puede conciliarse con las disposiciones de la ley habilitadora de COFINA, la cual autoriza al ELA a eliminar o sustituir el IVU, lo que significaría que COFINA no puede afirmar reclamos de cláusulas constitucionales. Específicamente, el grupo de tenedores de bonos GO ad hoc arguyó, entre otras cosas, que incluso si el ELA irrevocablemente transfirió el IVU a COFINA, éste no tenía la autoridad para hacerlo en virtud del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que le otorga a la deuda constitucional (es decir, los GO) un primer reclamo sobre todos los recursos disponibles del ELA. El comité de retirados argumentó, entre otras cosas, que la ley estatal típicamente rige cuando hay una transferencia de propiedad, a menos que algún interés federal requiera un resultado diferente, que en este caso es la política de quiebra de brindar un nuevo comienzo a los deudores. Más aun, el comité de retirados arguyó que la transferencia es inaplicable ya que irrevocablemente intercambia o vende el poder impositivo del ELA.

Luego de los argumentos de las partes, el Tribunal señaló que las preguntas planteadas en esta controversia son “obviamente muy serias, muy difíciles y trascendentales para Puerto Rico” y agregó que, por su parte, el Tribunal “igualmente en serio lo tomará bajo consideración”. Por tanto, el Tribunal no emitió una decisión al concluir la vista, pero considerará los asuntos antes de emitir una decisión final.

En vista celebrada en Nueva York el 15 de febrero del 2018, la Jueza Laura Taylor Swain escuchó amplios testimonios y argumentos orales con relación a la moción presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante, “AEE”), mediante la cual la AEE solicitaba autorización para tomar un préstamo de $1 billón a ser financiado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), luego de la petición bajo Título III. Al finalizar la vista, la Jueza Swain se reservó el fallo sobre la moción, sin perjuicio, para permitir que la AEE presentara una propuesta de financiamiento enmendada que fuera consistente con sus hallazgos contenidos en récord. El 16 de febrero de 2018, se presentó una orden sobre propuesta de financiamiento enmendada, mediante la cual se autorizó a la AEE a pedir prestado $300 millones, y el 19 de febrero de 2018 se presentó otra versión enmendada que incluía revisiones adicionales. Después de asegurarse de sus propios cambios, el Tribunal emitió la orden de financiamiento el mismo día. Tal como se emitió, la orden de financiamiento permite que la AEE tome a préstamo $300 millones bajo una súper prioridad no garantizada del ELA

A continuación se encuentra una actualización correspondiente a la vista ómnibus del 20 de diciembre de 2017, la cual se celebró ante la Jueza Laura Taylor Swain y la Jueza Magistrado Judith Gail Dein en Nueva York y que simultáneamente se transmitió al Tribunal de Distrito de Puerto Rico.

  • Moción de los fondos de Puerto Rico para condicionar la suspensión automática. Un grupo de fondos mutuos con sede en Puerto Rico, que tienen bonos de la Administración del Sistema de Retiro (“ERS” por sus siglas en inglés), presentó una moción para condicionar la suspensión automática a la continuación de los pagos de intereses a los bonistas de ERS presuntamente requerido conforme a una estipulación aprobada por el tribunal. La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico argumentaron que la estipulación no requería dichos pagos después de octubre 2017 y se opusieron a dicha moción, oposición a la cual se unió el Comité. En la vista del 20 de diciembre de 2017, la Jueza Swain encontró que la estipulación contemplaba que los pagos de intereses se pagarían hasta la fecha de su decisión en cuanto a las mociones de sentencia sumaria que se encuentran pendientes (ahora bajo consideración) en litigios relacionados entre ERS y sus bonistas sobre al alcance y validez de los gravámenes de los bonistas de ERS. En consecuencia, la Jueza Swain ordenó que ERS continúe transfiriendo fondos mensualmente al agente fiscal de los bonos de ERS, Bank of New York Mellon, para satisfacer los pagos de intereses adeudados a los bonistas de ERS hasta que emita su decisión respecto las mociones de sentencia sumaria.
  • Moción de Ambac sobre la Regla 2004. Ambac presentó una moción sobre la Regla 2004 donde solicitan descubrimiento de información de la Junta de Supervisión Fiscal, AAFAF, el Estado Libre Asociado, y COFINA respecto a la recaudación del impuesto de ventas y uso posterior al Huracán María. Varias partes, incluyendo al Comité, apoyaron la moción de Ambac, a la cual se opuso la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, antes de la vista, las partes llegaron a un acuerdo para continuar reuniéndose y discutiendo, y la moción se suspendió. La Juez Magistrado Dein ordenó a las partes a presentar un informe de status conjunto sobre el proceso de reunión y discusión antes del 5 de enero de 2018.
  • Moción respecto a los ingresos correspondientes al seguro de la AEE (“PREPA” por sus siglas en inglés). La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico presentaron una moción solicitando orden que permita a PREPA recibir fondos correspondientes al seguro para reparar, reemplazar, o reconstruir propiedad dañada sin la interferencia de los acreedores en cuanto al recibo y aplicación de dichos fondos, sujeto a ciertas condiciones. La orden también establece los procedimientos para el recibo futuro de los ingresos correspondientes al seguro y reservó derechos en cuanto a la notificación a partes, incluyendo el Comité. Luego de que se resolvieron desacuerdos previos entre PREPA y ciertos acreedores de PREPA, este asunto avanzó de manera totalmente consensual (incluyendo una unión en la moción presentada por el Comité) y el tribunal declaró ha lugar la moción después de la vista.

En la vista celebrada en Boston el 14 de diciembre de 2017, la Jueza Magistrada Dein declaró que tenía la intención de otorgar la moción conjunta replanteada que fue presentada por una serie de acreedores, incluyendo tenedores de bono y aseguradoras monoline, mediante la cual se solicita descubrimiento de prueba en contra el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal respecto a la condición financiera y el plan fiscal del Estado Libre Asociado. El Comité se unió de forma limitada a la moción replanteada, particularmente en cuanto al descubrimiento de prueba de parte del gobierno. La orden que concede la moción fue emitida el 15 de diciembre y las partes se encuentran actualmente en el proceso de negociar una propuesta conjunta sobre el uso de la información recibida en el descubrimiento de prueba, propuesta que debe presentarse a la Juez Dein antes del 22 de diciembre. Poco después, el Comité espera recibir información de conformidad con el proceso de descubrimiento de prueba.

A continuación ofrecemos una actualización sobre la vista celebrada el 15 de noviembre de 2017 ante la Jueza Laura Taylor Swain y la Jueza Magistrada Judith Gail Dein que se llevó a cabo en Nueva York y se transmitió simultáneamente en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico.

  • Moción del Comité sobre la Regla 2004 de Quiebras para un Programa de Descubrimiento respecto a Prácticas en la Emisión de Deudas. Han surgido preguntas significativas sobre el rol de las instituciones financieras públicas y privadas en la estructuración, suscripción, reempaquetado y venta de las obligaciones de deuda que ahora están agravando a Puerto Rico. Como parte de su deber fiduciario de maximizar las recuperaciones para los acreedores no asegurados, el Comité solicitó la autorización para requerir descubrimiento de prueba de ciertas instituciones y entidades financieras, amparándose en la Regla 2004 de Quiebras. El Tribunal reconoció la autoridad del Comité para investigar bajo las Reglas de Quiebras y la importancia de sus preocupaciones, pero dictaminó que la moción sería denegada como prematura en este momento debido a una investigación que está siendo conducida por la Junta de Supervisión Fiscal. Se autorizó al Comité a presentar solicitudes de documentos específicos al abogado que dirige la investigación de la Junta de Supervisión Fiscal, Kobre & Kim, quien deberá responder si adoptará o no adoptará dichas solicitudes, después de lo cual el Comité podrá solicitarle al tribunal ulterior remedio.
  • Mociones de los Acreedores sobre la Regla 2004 de Quiebras para Descubrimiento contra AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal. Varios acreedores, incluyendo bonistas y aseguradoras monoline, presentaron o se unieron a las mociones que buscan el descubrimiento contra AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal respecto a la situación financiera y el correspondiente plan fiscal del Estado Libre Asociado. El Comité también se unió a estas mociones de manera limitada en cuanto al descubrimiento de AAFAF. El tribunal reconoció el derecho al descubrimiento que se estaba solicitando, pero dictaminó que las mociones serían denegadas ya que eran prematuras y demasiado amplias. De acuerdo con las declaraciones del tribunal en la vista, el tribunal emitió una orden subsiguiente requiriendo que cualquier moción de la Regla 2004 que sea renovada se base en solicitudes de descubrimiento específicas.

Moción del Financial Guaranty Insurance Company (“FGIC”) solicitando 90 días de Paralización de Litigio. El FGIC presentó una moción solicitando una suspensión de 90 días de sustancialmente todo el litigio relacionado con los casos de título III en base a la devastación causada por los huracanes Irma y María, y los esfuerzos de recuperación relacionados. Varias partes se opusieron a la moción, incluyendo a la Junta de Supervisión Fiscal y AAFAF, quienes argumentaron que una pronta resolución del proceso del título III estaría en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El Comité se unió a las partes que se opusieron a la moción basándose en que AAFAF, como representante del pueblo de Puerto Rico, está en mejores condiciones que el Comité para evaluar la conveniencia de seguir adelante con los casos de título III. La Jueza Swain denegó la moción dada la necesidad crítica de que el proceso de reestructuración avance y de que se determinen los derechos y remedios de las partes, lo cual solo puede ocurrir a través de un litigio en ausencia de resoluciones consensuales sobre asuntos que están en controversia.

En la vista celebrada el 13 de noviembre de 2017 había un solo asunto en la agenda, a saber: luego de escuchar argumentos verbales, la Jueza Swain emitió su decisión preliminar denegando la moción de la Junta de Supervisión Fiscal (la “Moción”), mediante la cual la Junta solicitaba que se confirmara el nombramiento de Noel Zamot como oficial de transformación (“CTO” por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”).  A través de la Moción, la Junta de Supervisión Fiscal trató de colocar a su propio oficial a cargo de la AEE.  Varias partes, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, a través de su agente fiscal AAFAF, se opusieron a la Moción y argumentaron ante el tribunal en la vista.

Al denegar la Moción, la Jueza Swain rechazó la alegación de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a que poseía el poder de designar un CTO para la AEE, sosteniendo así que PROMESA generalmente no otorga a la Junta de Supervisión Fiscal el poder de tomar tal acción.  En cambio, la Jueza Swain dictaminó que, aunque la Junta de Supervisión Fiscal tiene el poder de aprobar planes y presupuestos fiscales, la Junta no tiene el poder de suplantar a funcionarios electos del Estado Libre Asociado, tomar el control sobre instrumentalidades, eludir las estructuras estatutarias que rigen, o crear nuevas posiciones o relaciones dentro de la estructura organizacional de la AEE.  La jueza también rechazó los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal de que la Moción estaba respaldada por sus poderes para representar a los deudores en los casos de título III.  Una copia de la decisión escrita de la corte puede ser encontrada en el enlace “Key Rulings” (“Determinaciones y Órdenes Importantes”) [Docket No. 1820] en esta página web.

El 8 de septiembre de 2017, el Comité, como agente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la disputa Estado Libre Asociado-COFINA, presentó un proceso adversativo ante el tribunal federal bajo el número de caso 17-000257 al presentar una demanda contra el agente de COFINA.  La demanda persigue resolver el asunto de si ciertos impuestos sobre ventas y uso alegadamente gravados por COFINA para asegurar deuda son propiedad del Estado Libre Asociado o de COFINA, bajo la ley aplicable. Una copia de la demanda puede ser encontrada en los documentos radicados por el Comité (“Committee Filed Documents”) [Docket No. 1254], cuyo enlace se encuentra en esta página web.

El 18 de agosto de 2017, el Comité presentó una Réplica en apoyo a su Moción en Solicitud de Orden al amparo de la Regla 2004 de Quiebras, autorizando un Programa de Descubrimiento de Prueba respecto a ciertas causas de la Crisis Financiera de Puerto Rico (la “Moción bajo la Regla 2004”).  La Moción bajo la Regla 2004 fue discutida ante la Honorable Magistrada, Judith Gail Dein a la 1:00 p.m. el 22 de agosto de 2017, en Boston, Massachusetts.  Una copia de la Réplica, y de la Moción bajo la Regla 2004, pueden ser encontradas en el enlace “Committee Filed Documents” (“Documentos Radicados por el Comité”), en esta página web [Documentos Número 1080 & 706]. La Moción bajo la Regla 2004 continúa ante la consideración del tribunal.

Abajo está la actualización de la vista del 9 de agosto de 2017 ante la Jueza Swain en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, la cual destaca varios de los asuntos que se ventilaron en dicha fecha incluyendo, entre otras cosas, (i) las mociones presentadas por el Comité, y (ii) las objeciones presentadas por el Comité a las mociones de otras partes con interés.

  • Estipulación que aprueba el procedimiento para resolver la disputa del Estado Libre Asociado-COFINA (la “Estipulación”). Una de las controversias más importantes en el caso del título III del Estado Libre Asociado es determinar si, bajo las leyes aplicables, ciertos impuestos sobre ventas y uso supuestamente dados como garantía por COFINA para garantizar la deuda son propiedad del Estado Libre Asociado o de COFINA bajo ley aplicable (la “Disputa Estado Libre Asociado-COFINA”). Conforme la Estipulación, la cual fue aprobada en la vista, el Comité ha sido nombrado como el Agente del Estado Libre Asociado para presentar la posición del Estado Libre Asociado y sus acreedores en la Disputa Estado Libre Asociado-COFINA. Copia de la Estipulación puede encontrarse en el enlace “Key Rulings” (“Decisiones y Órdenes Importantes”) en esta página web [Docket No. 996].
  • Moción del Comité de Acreedores para intervenir en el procedimiento adversativo de Assured Guaranty Corp. et al. vs. Estado Libre Asociado [Proc. Adv. 17-00125]. En el procedimiento adversativo de Assured Guaranty Corp. et al. vs. Estado Libre Asociado, los demandantes han impugnado la legalidad del Plan Fiscal—una controversia relevante y extremadamente importante para todo acreedor no asegurado. Por tanto, el Comité solicitó la intervención en el procedimiento para ser escuchado sobre la controversia, pero el Tribunal denegó nuestra moción. El Comité presentó una notificación de apelación el 11 de agosto, el día después de que la orden fuese emitida por el Tribunal, y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito revocó la decisión de la Jueza Swain el 22 de septiembre de 2017. Una copia de la decisión emitida por el tribunal de apelaciones puede ser encontrada en el enlace “Key Rulings” (“Decisiones y Órdenes Importantes”) en esta página web [Docket No. 9].
  • Moción para reconstituir o nombrar comités adicionales. Tres partes: (i) el Sistema de Fondo de Retiro de la UPR, (ii) el comité ad hoc de los municipios de Puerto Rico, y (iii) el comité ad hoc del grupo de tenedores de bonos de obligaciones generales, individualmente, sometieron mociones para reconstituir comités oficiales y/o nombrar comités oficiales adicionales (un comité oficial siendo uno que es creado bajo estatuto cuyos gastos serán pagados por los deudores). Adelante se encuentra una descripción sumaria de cada moción.
  • El Sistema de Fondo de Retiro de la UPR (“Fondo UPR”) solicitó que se ordenara la constitución de un comité oficial adicional para participantes activos del Fondo UPR o la reconstitución del comité oficial de jubilados para incluir un representante de dichos participantes. Objetamos dicha solicitud, enfatizando, entre otras cosas, que dichos jubilados ya están representados adecuadamente por el Comité y el comité oficial de jubilados. El Tribunal estuvo de acuerdo con nuestros argumentos, dictaminando que el Fondo UPR había fallado en establecer una falta de “representación adecuada” por parte de un comité existente.
  • El comité ad hoc de los municipios de Puerto Rico (“Municipios”) solicitó el nombramiento de un Comité oficial de municipios. El Comité objetó dicha moción, aseverando, entre otras cosas, que (i) las reclamaciones de los Municipios van en contra a un no-Deudor, y (ii) si los Municipios fueran acreedores sin garantía del Estado Libre Asociado, el Comité representa adecuadamente sus intereses ya que el Comité es un fiduciario de todos los acreedores no asegurados del Estado Libre Asociado. El Tribunal estuvo de acuerdo con nuestros argumentos y denegó dicha solicitud por las mismas razones.
  • El comité ad hoc del grupo de tenedores de bonos de obligaciones generales (“Tenedores de Bonos GO”) presentó una moción solicitando una orden del Tribunal para que se nombrara a los Tenedores de Bonos GO al Comité o estableciera un nuevo comité oficial para representar a los Tenedores de Bonos GO. El Comité objetó dicha moción aseverando, entre otras cosas, que los Tenedores de Bonos GO, en la medida de no ser garantizados (y los Tenedores de Bonos aseveran estar completamente garantizados) están adecuadamente representados por el Comité. El Tribunal rechazó la moción y declaró, entre otras cosas, que en la medida en que los Tenedores los Bonos no están garantizados, sus intereses ya están suficientemente representados por el “robusto Comité de Acreedores No Asegurados”.

En la vista del 10 de abril de 2018, la Jueza Laura Taylor Swain escuchó extensos argumentos orales con relación a las mociones de sentencia sumaria presentadas en relación a la disputa ELA-COFINA (es decir, si ciertos impuestos sobre ventas y uso (“IVU”), supuestamente dados en garantía por COFINA para asegurar deuda, son propiedad del ELA o de COFINA bajo la ley aplicable).

El Agente de COFINA, la coalición de bonistas de COFINA, Ambac y el Grupo de Fondos Mutuos presentaron argumentos iniciales mediante los cuales expusieron su apoyo en cuanto a que el IVU es propiedad de COFINA. Específicamente, el Agente de COFINA, entre otras cosas, refutó el argumento del Agente del ELA en cuanto a que no se puede transferir ingresos futuros al afirmar que éstos, en forma de subvenciones, propiedades, regalías y rentas, se otorgan comúnmente. Además, el Agente de COFINA arguyó que la “transferencia efectiva” de la fuente de ingresos tuvo lugar cuando la Ley 56 entró en vigor en el 2007. Por su parte, la coalición de bonistas de COFINA argumentó, entre otras cosas, que la ley de Puerto Rico, en lugar de la federal, aplica a la controversia de propiedad, afirmando que, según la Ley de Quiebras Federal y PROMESA, la fuente de los derechos de propiedad proviene de las constituciones estatales, en ausencia de una ley o un interés federal expreso o controlador. Ambac arguyó que el lenguaje de la ley habilitadora de COFINA, el cual hace referencia a un sustituto del IVU y a colateral, no se refiere a que COFINA carece de interés propietario en los ingresos prometidos, sino que aborda un posible déficit en los ingresos de COFINA, así como en potenciales acciones legislativas futuras. El Grupo de Fondos Mutuos argumentó, entre otras cosas, que el Tribunal no puede quitarle a COFINA su interés en el IVU retroactivamente y que las “disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente para menoscabar los derechos de propiedad bajo la ley de Puerto Rico”.

El Comité, como Agente del ELA, el grupo de tenedores de bonos GO ad hoc y el comité de retirados presentaron argumentos en apoyo a que el IVU es propiedad del ELA. El Comité, como Agente del ELA, argumentó, entre otras cosas, que el ELA no puede transferir la propiedad de un activo que aún no existe. De la misma manera, el Agente del ELA disputó si COFINA tenía un interés propietario en el IVU, señalando que tal posición no puede conciliarse con las disposiciones de la ley habilitadora de COFINA, la cual autoriza al ELA a eliminar o sustituir el IVU, lo que significaría que COFINA no puede afirmar reclamos de cláusulas constitucionales. Específicamente, el grupo de tenedores de bonos GO ad hoc arguyó, entre otras cosas, que incluso si el ELA irrevocablemente transfirió el IVU a COFINA, éste no tenía la autoridad para hacerlo en virtud del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que le otorga a la deuda constitucional (es decir, los GO) un primer reclamo sobre todos los recursos disponibles del ELA. El comité de retirados argumentó, entre otras cosas, que la ley estatal típicamente rige cuando hay una transferencia de propiedad, a menos que algún interés federal requiera un resultado diferente, que en este caso es la política de quiebra de brindar un nuevo comienzo a los deudores. Más aun, el comité de retirados arguyó que la transferencia es inaplicable ya que irrevocablemente intercambia o vende el poder impositivo del ELA.

Luego de los argumentos de las partes, el Tribunal señaló que las preguntas planteadas en esta controversia son “obviamente muy serias, muy difíciles y trascendentales para Puerto Rico” y agregó que, por su parte, el Tribunal “igualmente en serio lo tomará bajo consideración”. Por tanto, el Tribunal no emitió una decisión al concluir la vista, pero considerará los asuntos antes de emitir una decisión final.